National Measures on Taxing the Digital Economy

The South Centre has just launched the publication of “National Measures on Taxing the Digital Economy”, South Centre Research Paper No. 111 (May 2020) by Veronica Grondona, Abdul Muheet Chowdhary, Daniel Uribe. You can find it here

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)’s Inclusive Framework is considering a two-pillar approach on taxing the digital economy. Preliminary estimates about the impact of its recommendations show a modest increase in corporate income tax collection, the benefits of which are expected to go mostly to the developed countries. At the same time, there is a rise in national measures on taxing the digital economy, a move spurred by the onset of the COVID-19 pandemic. This is also fully within the rights of countries under international law, despite labels of ‘unilateralism’. This research paper highlights the direct tax measures being taken by various countries and finds three key approaches to tax the digital economy: (1) digital service taxes; (2) nexus rules based on significant economic presence ;(3) withholding tax on digital transactions.

 Le Cadre inclusif sur le BEPS de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) envisage une approche fondée sur deux piliers en matière de taxation de l’économie numérique. Les premières estimations concernant l’impact de ses recommandations montrent une modeste augmentation de la collecte de l’impôt sur les sociétés, dont les bénéfices devraient revenir principalement aux pays développés. Dans le même temps, les mesures nationales de taxation de l’économie numérique se multiplient, en conséquence de la pandémie de COVID-19. Le droit international reconnaît pleinement ce droit aux pays, bien que cette approche soit considérée comme une forme d’unilatéralisme. Ce document de recherche met en lumière les mesures de fiscalité directe prises par différents pays et présente les trois approches clés retenues pour taxer l’économie numérique : (1) l’imposition de taxes sur les services numériques ; (2) l’élaboration de règles permettant d’établir un lien fiscal pour les entreprises numériques qui opère par l’intermédiaire d’une présence numérique significative ; (3) des retenues à la source sur les transactions numériques.

El Marco Inclusivo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) está considerando un enfoque de dos pilares en relación con el cobro de impuestos sobre la economía digital. Las estimaciones preliminares acerca de la repercusión de sus recomendaciones indican un modesto incremento en la recaudación de impuestos sobre la renta de las sociedades, cuyos beneficios se prevén que se dirijan principalmente a los países desarrollados. Al mismo tiempo, están proliferando las medidas nacionales en materia de cobro de impuestos sobre la economía digital, un cambio estimulado por el comienzo de la pandemia de COVID-19. Los países también tienen plenos derechos a aplicarlas en virtud del derecho internacional, pese a las etiquetas de “unilateralismo”. En este documento de investigación se ponen de relieve las medidas en materia de impuestos directos que están adoptando diversos países y se exponen tres enfoques fundamentales con respecto al cobro de impuestos sobre la economía digital: 1) impuestos sobre los servicio digitales; 2) normas sobre un nexo en base a una presencia digital significativa; y 3) retenciones en origen sobre las transacciones digitales.

Abuso de convenio, planificación fiscal y realidad económica

Comparto aquí una sección de la nota de Horacio Verbitzky publicada en El Cohete a la Luna el 22 de marzo de 2019, donde se refiere a casos como el de Molinos, donde se aprovechó el convenio de doble imposición con Chile para no pagar impuestos ni en Chile, ni en Argentina.

Cáscaras vacías

Cuando concluya la emergencia (cosa que con alta probabilidad no ocurrirá antes de un mes) y si los tribunales recuperan la normalidad, Rosenkrantz deberá enfrentar otra situación escandalosa, por su posición en favor de uno de los mayores grupos económicos del país, en contra del fisco. Se trata del aprovechamiento de los convenios de doble imposición para no tributar en el país por sus ganancias de fuente extranjera. El caso en el que Rosenkrantz ya inicialó una propuesta del secretario Naveira, favorece a Molinos Río de la Plata (del grupo Pérez Companc), en contra de la AFIP. Pero su alcance es mucho mayor, porque ese régimen también aseguró privilegios fiscales a las principales mineras y cerealeras del país, a la tabacalera Massalin Particulares, a directivos y accionistas de Aluar, Arcor, los bancos Patagonia y Macro y First Data, la empresa que hace la facturación de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, que utilizaron mecanismos de elusión tributaria similares, por centenares de millones de pesos.

La maniobra fiscal consistía en la creación de Sociedades Plataforma de Inversiones en Chile (país con el que la Argentina tenía un convenio que limitaba la doble imposición de la renta) a las que se distribuían los dividendos de otras sociedades que Molinos tenía en el Uruguay y el Perú. Esas sociedades son una cáscara vacía, un mero domicilio fiscal. Esa ganancia realizada por una empresa que tiene su establecimiento permanente en nuestro país, no tributaba a ningún lado de la Cordillera. La colaboradora del Cohete Verónica Grondona Olmi publicó una muy seria investigación sobre el tema.

Cuando la AFIP detectó el mecanismo, durante la presidencia de Cristina, el país denunció los convenios internacionales con Chile, Suiza y España. En la justicia, el caso siguió rumbos penales y administrativos. La familia Pérez Companc fue sobreseída por la jueza todo servicio Sandra Arroyo Salgado y por la sala Flybondi de la Cámara de Apelaciones de San Martín. En cambio, tanto el Tribunal Fiscal de la Nación como la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo fallaron en favor del fisco. Hasta que el caso llegó a la Corte Suprema.

En 2016  la Secretaria Judicial N° 7, a cargo entonces de Sergio Nápoli, propuso a los ministros el rechazo del recurso extraordinario, ya que al haberse derogado el convenio, carecía de trascendencia constitucional. Sostenía también que por tratarse de una cuestión de hecho y prueba, no correspondía a la Corte determinar si se trataba de una maniobra elusiva o de la legítima opción por un régimen más benévolo. Pero sugirió también una opción b, más conservadora: dar vista a la Procuración General porque estaba cuestionada la inteligencia de un tratado internacional, uno de los tres casos que el artículo 14 de la ley 48 habilita a la Corte para intervenir.

El asunto ingresó a la Procuración General en 2017 y aterrizó en el despacho del fiscal general adjunto Gustavo Naveira, a quien Rosenkrantz recién llevó a la Corte Suprema en 2018. Según el proyecto de Naveira, la Procuradora fiscal Laura Monti señaló que los beneficios del Convenio de Doble Imposición no pueden condicionarse a la aplicación de una cláusula “antiabuso”, que la ley argentina exige pero el tratado internacional no. A su juicio “no es reprensible el esfuerzo honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al mínimo legal, es decir que el ahorro impositivo legítimo, por sí, no resulta cuestionable”. El dictamen redactado en la Procuración General por Naveira a favor de Molinos, recaló en la secretaría judicial de Naveira, quien en vez de excusarse suscribió su propio texto. Dijo para fundamentarlo que el principio de la realidad económica, que la Corte sostiene desde 1973 en el célebre caso Deltec (redactado por Héctor Masnatta y Horacio Arístides Corti) no puede oponerse a un tratado internacional. El proyecto circula con la inicial de Rosenkrantz, quien en una de sus clases magistrales ante la Corte sostuvo que el tribunal debía honrar sus anteriores decisiones, para no girar como veleta al viento. En la causa “Potrerillo”, de 2017, Rosenkrantz alegó que el principio de la realidad económica es la pauta de interpretación que habilita a determinar “cuál es el hecho imponible en todos los casos en los que se compruebe, más allá del esfuerzo honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al mínimo legal, que las formas jurídicas utilizadas no coinciden con las estructuras que el derecho ofrece para instrumentar su cabal intención, con independencia de que hubiese existido ánimo de evasión”.

Más allá del caso en sí, la apuesta de Rosenkrantz es a la modificación de una jurisprudencia que desde hace casi medio siglo protege el interés colectivo frente a la codicia corporativa.

Sobre la presión tributaria y la desigualdad en Argentina

Nota de mi autoría publicada por Diagonales.com el 20 de marzo de 2020

Muchas veces se le adjudica la culpa del alto nivel evasión de un país al alto nivel de impuestos, o más específicamente a la alta carga tributaria. Esta simplificación, de causalidades que pueden tener muchos orígenes diversos, se realiza tanto en Argentina como en el exterior.

Visto así, y dado que según el economista austríaco Friedrich Schneider, la “economía en las sombras” (también conocida como economía no observada, no registrada, clandestina, oculta, así como por otros nombres de color) en la Argentina, se ubicaba en al 28,65% en 2016, es dable entender que ello se debería a la alta carga tributaria del país. Después de todo, los medios de comunicación, y el sistema educativo, nos dicen reiterativamente que Argentina tiene una de las más altas presiones tributarias del mundo.

En 2018, la presión tributaria neta en Argentina fue del 28,9%. Tal y como fuera presentado por Magdalena Rua en un artículo reciente, dicha presión tributaria se encontraba por debajo de la de los países de la Unión Europea (excepto de Lituania) en 2017, cuando la presión tributaria neta de Argentina era del 30,1%.

Es posible afinar un poco más esta comparación, utilizando los datos de compareyourcontry.org, donde podemos constatar no solo lo citado en el párrafo anterior (que por otra parte se condice en lo que se refiere a Argentina, con lo publicado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Nación), sino observar, por ejemplo, que los países de América Latina tuvieron en promedio una presión tributaria bruta de 22,8% en 2017, y los países de la OCDE, del 34,2%. Cabe recordar que cuando promediamos estamos dejando fuera los extremos, y así nos perdemos detalles como el hecho de que Barbados, Brasil y Uruguay tuvieron mayor presión tributaria que Argentina en dicho año; y que países como Cuba, Austria, Italia, Finlandia, Suecia, Bélgica, Dinamarca y Francia tuvieron una presión tributaria superior al 40% en el mismo período.

La presión tributaria en la Argentina en 2018 fue, por otra parte, inferior a la registrada en todos los años a partir de 2009 en adelante.

Cuando comparamos la presión tributaria de los impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital de diverso países, observamos que la de Argentina habría sido del 5,3% sobre el PBI, inferior no solo a la de todos los países de la Unión Europea, varios países africanos (como por ejemplo, Kenia y Botsuana), sino al promedio de los países Latinoamericanos que estuvo en el 6,1%, y en particular a la de: Trinidad y Tobago, Guyana, Cuba, Barbados, Uruguay, México, Brasil, El Salvador, Chile, Nicaragua, Colombia, Honduras y Perú.

Mientras que cuando analizamos la presión tributaria de los impuestos al consumo de bienes y servicios, la recaudación de los mismos habría representado el 14,4% del PBI en 2018. En todos los países de la Unión Europea, con excepción de Hungría, Dinamarca y Grecia; y la mayor parte de los países de América Latina, estos impuestos tuvieron menor presión tributaria. A modo de ejemplo, cabe observar que según los datos de compareyourcontry.org, en Estados Unidos, la presión tributaria de los impuestos al consumo representa el 4,3% del PBI.

Cabe destacar que los impuestos a las ganancias y sobre la propiedad suelen ser considerados los más redistributivos, y por ello son considerados progresivos porque permiten gravar más a los que más tienen; mientras que los impuestos sobre el consumo de bienes y servicios suelen ser considerados regresivos, porque todos y todas pagan lo mismo por ellos, independientemente de los ingresos que tengan.

Es decir, no solo no tenemos la mayor carga tributaria del mundo, sino que por otra parte, tenemos poca carga tributaria en algunos impuestos que podrían servir a la redistribución de ingresos.

Richard Murphy escribió en el año 2015 un libro titulado ‘The joy of tax’, que podríamos traducir como “La alegría de los impuestos”. En él dedica un capítulo al “Sistema tributario ideal”, donde comienza por listar lo que debería lograr un sistema tributario y que incluiría no solo la recolección del dinero que el gobierno ha gastado en la economía, para que pueda ser re-utilizado; sino también la ratificación del valor del dinero, y la redistribución de utilidades y riqueza y, el reconocimiento de la representatividad del gobierno.

¿Por qué considera Murphy que sirve para la ratificación del valor del dinero? Porque al pagar en pesos argentinos reconocemos el valor de la moneda.

A su vez, tanto Murphy como Rita de la Feria, una especialista en IVA radicada en Inglaterra, coinciden en resaltar la importancia de diseñar el sistema tributario de manera tal que sea eficiente en su objetivo recaudatorio. ¿Que quiere decir esto? Las normas deben ser claras y aplicables, desincentivando la evasión desde el origen de su diseño.

Si el sistema tiene contradicciones internas que, por ejemplo, no permiten que los jueces tengan claridad a la hora de emitir un fallo respecto de un posible caso de evasión, entonces el sistema no ha sido diseñado de manera eficiente. Ello no solo pone en jaque al sistema recaudatorio, sino también al Estado de derecho, ya que quienes evaden podrían estar quedando fuera del control del Estado.

Hoy en día el sistema tributario tiene varias contradicciones internas. Una de ellas en lo que se refiere a la valoración de las operaciones intragrupo, ya que, de acuerdo con nuestra ley, que se basa en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se sugiere que las operaciones entre partes vinculadas (hacia el interior de un conjunto económico, por ejemplo) deben ser valoradas como si hubiesen sido realizadas entre partes independientes en condiciones equivalentes (‘criterio de la libre concurrencia’). Ello es inconsistente, porque no permite comprender las sinergias que ocurren hacia el interior de un conjunto económico.

Alex Cobham y Petr Jansky estimaron que la pérdida anual de ingresos fiscales por la planificación fiscal agresiva de Argentina ascendería a los 21.000 millones de dólares, siendo equivalentes al 4,4% del PIB, en 2016. Y tal y como ponen en evidencia académicos como Picketty o Zucman para el contexto internacional, dicha elusión tributaria podría encontrarse en el centro del aumento de la brecha Norte-Sur y hacia el interior de nuestro país.

Salirse del modelo de la aplicación del criterio de la libre concurrencia, o de los precios de transferencia, de la OCDE no es del todo fácil hoy, en parte por el rol que juega en las discusiones internacionales , pero también porque sus recomendaciones son utilizadas como ‘soft law’ en los tribunales argentinos, aun cuando Argentina no sea miembro de dicho organismo.

Existen sin embargo, estrategias de otros países que pueden ser replicadas, como las que simplifican la fiscalización por utilización de márgenes mínimos de utilidades por sectores económicos, implementada ya hace años por Brasil; o aquellas de China e India, tendientes a limitar las deducciones de regalías y de servicios, pero también a considerar la manera en que las condiciones en dichos países contribuyen al desarrollo de ventajas de localización que ameritarían la localización de una mayor utilidad –y por ende, de base imponible- en dichos países.

Finalmente, Murphy menciona que cuando pensamos en un sistema tributario ideal, lo primero a realizar es definir la base tributaria; lo segundo, ser capaz de localizar dicha base tributaria; ser capaz de cuantificarla de una manera no conflictiva; y cuarto, debe ser necesario definir a quien le pertenece dicha base tributaria.

Ello parece fácil, pero no lo es. La base tributaria es ocultada en jurisdicciones opacas y en activos difíciles de localizar. Por lo tanto, para alcanzar estos objetivos es necesario un registro de beneficiarios finales; un registro de propiedad y de activos, y; los correspondientes informes país por país que permitan conocer la estructura de las empresas transnacionales, donde tienen actividad económica, ventas, trabajadores, activos y dónde pagan impuestos; además de ser necesaria la obtención de información de otros países por vía del intercambio de información automático y a pedido.

En la medida que el sistema tributario nacional e internacional continua contribuyendo a la ampliación de la brecha de desigualdades por vía de la planificación fiscal agresiva, muchos de los problemas económicos actuales resultarán difíciles de ser resueltos definitivamente; no solo por las dificultades que implica el mantenimiento de déficit fiscales recurrentes; sino también por la erosión que ello implica en el Estado de derecho, al no poder hacer efectivo el cobro de impuestos a quienes más riqueza poseen.

Los flujos financieros ilícitos

Nota de mi autoría publicada originalmente por El Cohete a la Luna

El 18 de febrero de este año, la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network) publicó la versión 2020 de su Índice de Secreto Financiero que presenta a las Islas Caimán en el primer lugar, seguida, en orden de importancia, por Estados Unidos, Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Japón, Países Bajos, las Islas Vírgenes Británicas y Emiratos Árabes Unidos.

El índice analiza 133 jurisdicciones en base a criterios tanto cualitativos como cuantitativos.

Entre los cualitativos se encuentran, por ejemplo:

  • el nivel de secreto bancario;
  • la existencia y transparencia de los registros de beneficiarios finales tanto de sociedades como de fideicomisos, sociedades comanditarias o en comandita simple y fundaciones privadas;
  • la disponibilidad de instrumentos y estructuras nocivas como la existencia de acciones al portador y sociedades de células protegidas, entre otras;
  • la disponibilidad de instrumentos fiscales nocivos, como la exención de impuestos a los ingresos recibidos en concepto de intereses pagados y dividendos; y
  • el nivel de transparencia de la jurisdicción medido por su participación en el intercambio de información bajo pedido y automático, y
  • la exigencia de presentación del informe país por país público (que detalla los activos, empleados, ventas, utilidades e impuestos pagados en cada jurisdicción donde se localiza una empresa transnacional).

El índice se construye ponderando el resultado del análisis del secreto de cada jurisdicción por su peso en el flujo global de servicios financieros offshore, que se estima utilizando datos del comercio de servicios financieros internacionales de cada jurisdicción en base a datos del FMI.

En el índice, la Argentina ocupa la posición 94. Considerando que entre las primeras posiciones del índice se encuentran aquellas jurisdicciones que más contribuyen al secreto global, esta no sería una mala posición. La Argentina no es de los países que más contribuyen al secreto financiero, ni por su peso en el comercio de servicios financieros internacionales; ni por su nivel de secreto financiero. Sin embargo, hay margen para mejorar y modelos para replicar.

Uno de estos modelos podría ser el de Ecuador, que se encuentra en la posición 120 porque, entre otras cosas, posee el mejor registro de beneficiarios finales hasta hoy conocido, o más bien desconocido.

¿Qué es un registro de beneficiarios finales? Es un registro que consigna quienes son los controlantes, por acciones o por nivel de votos, de cada entidad que opera en un país, hasta la persona humana o física.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda (Recomendación 24) que las autoridades competentes sean capaces de obtener información «adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas» que son creadas en el país.

Y tal como comenta Andrés Knobel, «las evaluaciones de pares del Foro Global de la OCDE para el Intercambio de Información también evalúan la  disponibilidad de información sobre titulares de personas jurídicas y fideicomisos, y su acceso por parte de las autoridades para su eventual intercambio de información».

En Ecuador no solo tienen que informar las sociedades y fideicomisos todos sus beneficiarios finales, detallando sus distintos encadenamientos; sino que además, dicha información es pública. El hecho de que sea pública es relevante, porque en muchos países del mundo, por cuestiones de ‘secreto fiscal’ resulta muy difícil a fiscales, bancos, e incluso a las Unidades de Investigaciones Financieras (UIFs) acceder a la información recolectada por las administraciones tributarias, y a la inversa también.

Los países de la Unión Europea también cuentan hoy con registros públicos de beneficiarios finales de sociedades, y semipúblicos (bajo demostración de interés legítimo) para fideicomisos.

La Argentina cuenta con un registro de beneficiarios finales. Sin embargo no es público, es incompleto, y no sirve para conocer a todos los beneficiarios finales localizados en la Argentina y en el exterior.

El registro de beneficiarios finales debe completarse con un registro válido de propiedad y de activos, centralizado ya que los contribuyentes pueden evitar el tributo alternando entre activos; y con información de la localización de las distintas filiales de una empresa transnacional (el informe país por país).

El informe país por país (reglamentado por la Argentina por vía de la Resolución 4130 de 2017) permite conocer la estructura de las empresas transnacionales, donde tienen actividad económica, ventas, trabajadores, activos y dónde pagan impuestos. Por lo tanto, es de vital importancia como para poder ejercer una fiscalización efectiva de los contribuyentes corporativos, ya que permite realizar un análisis de riesgo de las entidades del grupo, por ejemplo, a través de la estimación de la tasa efectiva de impuestos que un grupo transnacional paga en cada jurisdicción en la que opera.

Índices tales como el de secreto financiero, y el de guaridas fiscales corporativas de Tax Justice Network, permiten luego comprender mejor el porqué de la localización en determinadas jurisdicciones; y por lo tanto tienen importantes potenciales usos tanto para organismos de control, como para investigadores que trabajan estos temas.

 

Ilhas Cayman é o pior ofensor global, mostra Índice de Sigilo Financeiro 2020: É Da Sua Conta #10

Ilhas Cayman é o pior ofensor global, mostra Índice de Sigilo Financeiro 2020
O Índice de Sigilo Financeiro (ISF) 2020 da Tax Justice Network é o tema da décima edição do podcast É da sua conta. O indicador aponta as Ilhas Cayman, Estados Unidos e Suíça como os piores ofensores globais. Além disso, mostra que a maior parte das práticas que facilitam a corrupção, a lavagem de dinheiro e abusos de impostos vêm dos países mais ricos, membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
No É da sua conta #10 você ouve…
Tudo sobre o Índice de Sigilo Financeiro (ISF) 2020.
O ranking dos 10 piores ofensores globais Países da OCDE respondem por quase metade da composição do ISF.
Detalhes sobre os países da América Latina, com destaque para o Brasil. O ABC da transparência financeira e tributária.
Diminuição em 7% no sigilo financeiro no mundo na comparação 2020/2018. Recomendações da Tax Justice Network para combater sonegação e fraudes financeiras.
Participantes desta edição:
Shanna Lima – pesquisadora da Tax Justice Network
Veronica Grondona – pesquisadora da Tax Justice Network
Nick Shaxson – TJN
Hilberto Silva – ex-executivo da Odebrecht Links para assuntos citados no podcast
Ìndice de Sigilo Financeiro: https://fsi.taxjustice.net/pt/
A Lavanderia (filme)
Depoimento Hilberto Silva (ex-Odebrecht): https://www.youtube.com/watch?v=T-q6H… Plataformas de áudio: Spotify, Stitcher, Castbox, Deezer, iTunes.
É da sua conta (www.edasuaconta.com) é o podcast mensal em português da Tax Justice Network (https://www.taxjustice.net/), com produção de Daniela Stefano (https://twitter.com/batateira), Grazielle David (https://twitter.com/GrazielleDavid) e Luciano Máximo (https://twitter.com/lucianomaximo) e coordenação de Naomi Fowler (https://twitter.com/Naomi_Fowler).
O download do programa é gratuito e a reprodução é livre para rádios.

Desigualdad

Nota de mi autoría publicada por El Cohete a la Luna el 2 de febrero de 2020

Un nuevo panel de Naciones Unidas con dos visiones antagónicas

El 28 de enero pasado, un panel de alto nivel fue anunciado como un proyecto conjunto entre el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés) y la Asamblea General de Naciones Unidas, a ser co-presidido por Helle Thorning-Schmidt, ex Primer Ministra de Dinamarca, y Ibrahim Mayaki, ex Primer Ministro de Nigeria.

El panel será formalmente conocido como ‘panel de alto nivel sobre responsabilidad financiera, transparencia e integridad’ (FACTI por sus siglas en inglés).

Durante el anuncio se explicó que «la fase uno del panel examinará los actuales desafíos, identificará las brechas en la arquitectura internacional. A partir de allí, el panel generará las propuestas específicas para actualizar o desarrollar marcos internacionales y acuerdos de gobernanza coincidentes, incluyendo  la construcción de capacidades para una más efectiva implementación».

El objetivo es tener un informe interino en julio 2020 y un informe final en enero de 2021, y una serie de reuniones que serán organizadas para recopilar información para el trabajo.

La modalidad que tendrá esta comisión será similar a la que tuviera la ‘Comisión Stiglitz’, un panel que fuera creado por el entonces presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel d’Escoto Brokmann, de Nicaragua, y cuyos costos fueron soportados por Alemania.

En este caso, el panel de flujos financieros ilícitos ha sido creado por el presidente nigeriano de la Asamblea General, y sus costos serán pagados por Noruega.

 

 

 

¿Qué son los flujos financieros ilícitos?

Hay dos definiciones  principales de Flujos Financieros Ilícitos. La primera equipara  “ilícitos” a “ilegales”, mientras que la segunda interpreta el adjetivo “ilícito” como lo ilegal pero también como lo que sería socialmente inaceptable.

En este sentido, el Informe del Experto de Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky, sobre las corrientes financieras ilícitas, los derechos humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de 2016, entiende que «las corrientes financieras ilícitas pueden definirse en forma restrictiva o amplia. En sentido estricto, son flujos financieros no registrados de fondos que se ganan, se transfieren o se utilizan ilegalmente, por ejemplo, las ganancias procedentes de actividades ilegales, como delitos de corrupción y otros delitos. No obstante, aun en el caso de que los fondos tengan un origen legítimo, su transferencia al extranjero en violación de la normativa tributaria u otras disposiciones de la legislación nacional los convertiría en ilícitos. […] En sentido amplio, también pueden considerarse corrientes financieras ilícitas los fondos que, a través de lagunas legales y otros arreglos artificiales, circunvienen el espíritu de la ley, por ejemplo, los sistemas de evitación de impuestos utilizados por empresas transnacionales”.

Es decir, la definición amplia consideraría no solo la elusión impositiva que practican las  empresas multinacionales como parte de los flujos financieros ilícitos; sino también la utilización de mecanismos para eludir otras disposiciones, como por ejemplo, los controles de cambio.

Los flujos financieros ilícitos han sido considerados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 en Addis Abeba, en relación con la movilización de recursos, dado que se entendió que sería necesario reforzar la capacidad de financiamiento de los países para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por estos motivos, también han sido considerados en el punto 5 de Estrategia de Montevideo de 2016, en relación con la movilización de recursos para alcanzar la igualdad de género, pero también en los informes de los expertos independientes sobre extrema pobreza.

Como desarrollamos con Gabriela Nacht para una clase del curso de «Aportes de la perspectiva de género al análisis de la economía social» del Programa Latinoamericano de Ciencias Sociales (PLED-IDELCOOP), la política tributaria puede no generar ingresos suficientes para solventar el gasto público ni para cerrar las brechas de financiamiento existentes en lo que concierne a la igualdad de género y los derechos de las mujeres, lesbianas, trans y travestis.

La carga tributaria sigue siendo baja en vista del desarrollo relativo y las necesidades financieras que experimenta la región latinoamericana, y tal y como lo describió Magdalena Rua en una nota pasada, «la presión tributaria de la Argentina en 2017 (30,3% de PIB) se encontraba por debajo de la de los países de la Unión Europea (excepto de Lituania), del promedio de los países miembro de la OCDE (34,2% de PIB), de Japón (30,6% de PIB), de Canadá (32,2% de PIB), e incluso por debajo de la de Uruguay (30,9% de PIB) y Brasil (32,3% de PIB)».

Sin embargo, el panorama no está completo si no se toma en cuenta la actual transferencia de recursos latinoamericanos hacia los países desarrollados, para cuya comprensión cabal es preciso colocar la lupa sobre los flujos financieros ilícitos.

La evasión y elusión impositiva hacen del sistema impositivo uno mucho menos equitativo, cuando una persona o empresa paga sus impuestos pero la de al lado logra eludirlos por tener una estructura internacional y gracias a disponer de mejores abogados y economistas para armar estrategias de planificación fiscal agresiva arbitrando entre distintos países.

Y ello lleva también a otro tipo de desigualdades, ya que el sistema impositivo termina por intentar resolver los problemas que tiene en la recaudación de impuestos más progresivos como el impuesto a las ganancias corporativas, o a los bienes personales, con impuestos de más fácil recaudación, como el IVA, que impactan más desproporcionadamente en consumidores de más bajos ingresos, y por ello mismo, más en las mujeres, que están sobre-representadas en la pobreza.

En este sentido, resulta importante para los países del sur que la discusión de los objetivos de desarrollo a alcanzar sea acompañada de estrategias de movilización de recursos que consideren los flujos que perdemos en relación con la evasión y elusión de impuestos lograda a partir del arbitraje internacional.

Por lo tanto, la importancia que se dé a la elusión y evasión tributaria en la definición, puede afectar sustancialmente las acciones que planeen tomarse para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio.

Sin embargo, en la presentación del nuevo panel FATCI, muchas de las intervenciones reflejaron la mirada compartida por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados, de que los flujos financieros ilícitos deben ser confinados a la corrupción y el delito.

Los Estados Unidos y los países industrializados llevan intentando eliminar la vinculación entre los flujos financieros ilícitos y la evasión y elusión de impuestos, intentando que dicha cuestión no sea trabajada más allá de lo que se refiere a corrupción y el crimen, tal como ya lo hace actualmente la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC).

Por lo tanto, es necesario estar alertas y pensar estrategias, ya que es evidente que la estrategia de los países del centro será seguramente la de prevenir que el panel avance, es decir, de evitar que sus resultados sean implementados por las Naciones Unidas, de la misma manera como los países del centro han hecho un muy eficiente trabajo bloqueando las muy extensivas y profundas reformas propuestas por la Comisión Stiglitz, las cuales parecería que han quedado en el olvido.

 

Gravar a las empresas digitales

Nota de mi autoría originalmente publicada por El Cohete a la Luna el 22 de diciembre de 2019.

La OCDE busca legitimar su propuesta favorecedora de los países exportadores de capital

Tal como lo mencioné en una nota anterior, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hoy se encuentra discutiendo en el contexto de lo que se conoce como el “marco inclusivo” que incluye a 136 países, la fiscalidad de la economía digital, en una propuesta que se divide en dos pilares, el primero conocido como “el enfoque unificado”, y el segundo, como “la propuesta global anti-erosiva de la base imponible” (GloBE, por sus siglas en inglés).

Hay otra propuesta sobre la mesa, la del G24. Tal y como lo plantearon Alex Cobham, Valpy Fitzgerald y Tommasso Faccio, en un estudio publicado el 11 de octubre de 2019, aunque la propuesta de la OCDE aumentaría la base imponible de todos los países, el aumento en los países de la OCDE se estima que sería de 5 mil millones de dólares, mientras que el de los países del G24, sería de 0,7 mil millones, y la base imponible del G77 aumentaría en solamente 0,3 mil millones de dólares; aumentando la inequidad global. Por lo tanto, la propuesta a seguir como país en desarrollo no puede ser la de la OCDE.

Una discusión en un entorno como Naciones Unidas permitiría agruparnos sin exponernos individualmente. El marco de la OCDE, por muy inclusivo que sea hoy al reunir a 136 países, no brinda un espacio para este tipo de estrategias. El G77 y otros organismos han pedido en varias ocasiones que la discusión se realice en Naciones Unidas, en un marco democrático, pero ello aun continua siendo una meta y no una realidad.

No formar parte del marco inclusivo de la OCDE implica ser castigados por ello. Sin embargo, ya que estamos legitimando el espacio, cabría hacerlo de manera tal de no avalar soluciones que vayan en contra de nuestros propios intereses. Por lo tanto, necesitamos unirnos y trabajar de manera conjunta, apoyando la propuesta gestada en el marco del G24.

Entrando en los detalles de la discusión, cabe preguntarse, ¿Cuál es el problema de base de la digitalización de la economía a los fines de la tributación?

Tal como bien lo presenta la propuesta del G24, los problemas de la tributación en este contexto pueden resumirse en:

  • Que las empresas pueden operar en un país sin tener presencia física en el mismo, cuando históricamente la capacidad de tributar se ha basado en la presencia física.
  • Es difícil trazar los límites de la digitalización de la economía, porque quizá lo primero que nos viene a la mente son las ventas de servicios que hace Netflix, o Despegar.com. Sin embargo, hay generación de datos de Facebook y whatsapp también; y servicios prestados por un prestador local para una entidad que no tiene presencia física, como los de Airbnb, y Uber; y también hay generación local de intangibles, porque hay contribución que los propios usuarios hacen a las aplicaciones que utilizan; y hasta hay colaboraciones de investigación y desarrollo que se desarrollan enteramente de manera virtual con participantes en distintas partes del mundo.
  • Una jurisdicción tiene derecho a cobrar un impuesto si hay un nexo suficiente entre la empresa y la vida económica de dicha jurisdicción. El marco legal es la definición de “establecimiento permanente” en los modelos de convenio de la OCDE y de Naciones Unidas que han sido utilizados de base por los países para la negociación de sus tratados de doble imposición. Aun cuando el de Naciones Unidas tiene un criterio más amplio de establecimiento permanente, este no deja de estar asociado a una presencia física, o prestación de servicios con una continuidad en el tiempo, etc.
  • Este marco ha sido excedido por una realidad que permite concretar contratos sin tener ningún tipo de presencia física; y hay ganancias que no están siendo gravadas en ninguna parte del mundo.
  • Es necesario considerar tanto los factores vinculados a la producción de estos bienes y servicios como aquellos vinculados a su demanda.

A ello debería agregarse la posibilidad que brindan las jurisdicciones de baja o nula tributación efectiva para la creación de entidades sin sustancia económica, aprovechándose del criterio contable de la entidad separada en la fiscalidad corporativa internacional. Ello alienta a las multinacionales a diseñar estructuras para fragmentar sus actividades, asignando contractualmente funciones con mayores márgenes de ganancia a entidades localizadas en estas jurisdicciones. Tal como lo planteó el BEPS Monitoring Group, y en coincidencia con lo que algunes ya decíamos desde hace algún tiempo, estas actividades incluyen:

  • Centralización de funciones de servicio para el grupo tales como localización de casa matriz, finanzas y tesorería;
  • Holdings propietarios y administradores de la propiedad intelectual, y otros activos;
  • Administración de franquicias en sectores como hotelería y comidas rápidas;
  • Servicios de consultoría, profesionales, de ingeniería, y otros servicios técnicos;
  • Actividades de diseño, logística, compras, trading de commodities, y marketing.

Permanencia vs Presencia

Por todo lo anterior, el G24 propuso, en enero de 2019, un reemplazo de la definición de qué se considera “establecimiento permanente” por una de “presencia económica significativa”, tal y como lo propuso originalmente la OCDE en la Acción 1 del Plan de Acción BEPS (sobre la erosión de la base y el desvío de utilidades, por sus siglas en inglés). Dicha presencia económica podría ser definida en base a ventas, pero también en base a la cantidad de usuarios activos y pasivos en cada jurisdicción, y la cantidad de contenidos digitales recolectados a partir de los usuarios; entre otros.

Y para resumir, propone que distintos criterios sean considerados para la distribución de las ganancias entre los distintos países, que incluyan ventas, pero también usuarios; y que una manera de distribuir dichas ganancias podría ser mediante el uso de una fórmula que incluya ventas, cantidad de empleados y activos; en la cual pueda reemplazarse ventas o activos por usuarios cuando corresponda.

La propuesta del G24 también considera que otras alternativas ya utilizadas, como las retenciones en la fuente vinculadas con los servicios de la economía digital, puedan continuar siendo utilizados.

¿Por qué es esta propuesta superior a la de la OCDE? Por empezar, la propuesta de la G24 es sencilla de interpretar, y puede implementarse con ligeras modificaciones o simples interpretaciones de los modelos de convenio existentes. Por ejemplo, el modelo de convenio de Naciones Unidas de 2010 permitiría aplicar este tipo de solución.

La propuesta de la OCDE de noviembre de 2019 se divide en dos pilares. El Pilar 1 o “el enfoque unificado”, que alcanza a los negocios altamente digitalizados, pero también a los de venta al consumidor; y excluye a las industrias extractivas; traza una separación entre lo que se consideran actividades rutinarias de actividades no rutinarias. Estas últimas serían entendidas como aquellas que generan intangibles. La propuesta utiliza lo que se conoce como el criterio de distribución de ganancias residual, que mantiene el criterio de la libre concurrencia, o ‘arm’s length’, para lo que se entiende como actividades rutinarias; y distribuye las ganancias no rutinarias entre los que participaron en su creación, en base a una fórmula.

El criterio ‘arm’s length’, que ha sido generalmente implementado por los países a partir de las insistentes recomendaciones de la OCDE, establece el precio de una transacción entre partes vinculadas por referencia a lo pagado en similares circunstancias entre partes independientes. La crítica a este criterio es que pone en el mismo nivel un contrato negociado entre partes independientes con un precio establecido por una parte y otra sujeta a ella. Esta irrealidad se encuentra en la base del problema de la utilización de distintas jurisdicciones para arbitrar entre legislaciones, y eludir el impuesto a las ganancias en las operaciones internacionales.

Es decir, las actividades desarrolladas en sede de la mayoría de los países en desarrollo, pero también desarrollados, tenderían a ser consideradas como ‘rutinarias’ y por ende, su utilidad continuaría siendo establecida en base al principio ‘arm’s length’. Para ello, se segmentarían todas las actividades de los grupos transnacionales, para asignar una utilidad diferenciada a cada segmento. Algo que es práctica común hoy en día.

Y la ganancia obtenida a partir de las actividades no rutinarias (se excluyen para ello las actividades rutinarias de distribución) sería asignada entre las jurisdicciones en las que se establece que existe un nexo con una presencia económica significativa, en base a una fórmula basada únicamente en ventas. Es decir, solo los países ricos, y probablemente China e India, tendrán derecho a quedarse con una parte de la base imponible ‘no rutinaria’; pero dado que el criterio estaría basado en ventas, los desiguales poderes adquisitivos de los países terminarían en una mayor base imponible siendo asignada a los países ricos.

Un marco como este claramente no va a reducir los conflictos, sino aumentarlos. Por lo que además la OCDE ha incluido en la propuesta la resolución de disputas, algo que genera cierta desconfianza entre los países en desarrollo.

El pilar 2 o GloBE entra en los detalles y reglas de la propuesta para el cálculo de la base tributaria; y propone la exclusión de entidades que se encuentren por debajo de umbrales mínimos de actividad y también de sectores específicos.

Sin embargo, cabe notar que, entre los objetivos de este pilar, se encuentra el evitar que los países en desarrollo otorguen incentivos tributarios ‘ineficientes’. Más allá de que pueda haber coincidencia en el diagnóstico de la ineficiencia de ciertos incentivos tributarios para atraer capitales, y sus efectos nocivos en la recaudación, y también en la equidad; es importante notar que la cancha esta desnivelada ya que aquí no se intentan evitar los incentivos tributarios otorgados por los países del centro o satélites del centro. Es cierto que el Plan de Acción BEPS discutió algunas de las prácticas fiscales nocivas empleadas por los países ricos para atraer capitales, pero los problemas aun están lejos de solucionarse, y las guaridas fiscales del norte aún continúan trayendo ingentes flujos de capitales.

La propuesta también discute cuándo podría ser posible  cobrar o no una retención en la fuente. Como ya mencioné en la nota publicada la semana pasada, ello podría tener como efecto el prevenir que los países fuente (los importadores de capital) apliquen medidas unilaterales para defender su base imponible.

La propuesta del G24 ha sido ninguneada por la OCDE, en un ‘marco inclusivo’ que lo único que busca es sentar a la mesa a los países en desarrollo para dar legitimidad a un programa de los países centrales. En un contexto en el que estamos intentando aumentar la recaudación para poder sentarnos a negociar con el FMI, a la vez que afrontar la emergencia económica actual, no podemos darnos el lujo de hacerle el juego a los países centrales, quedándonos de brazos cruzados ante la posibilidad de perder capacidad recaudatoria.

 

El que calla otorga

Nota de mi autoría publicada originalmente por El Cohete a la Luna.

Entre 2013 y 2015, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) discutió, por mandato del G20, lo que se llamó el Plan de Acción BEPS (‘erosión de la base y el desvío de utilidades’, por sus siglas en inglés). Fueron invitados a la mesa de la discusión, no solo los Estados miembros de la OCDE, sino también aquellos que lo eran del G20, pero no de la OCDE, como Brasil, China, India, Indonesia y la Argentina.

Como resultado de la discusión se publicaron 15 acciones, de las cuales 4 se convirtieron en standards mínimos a los que debían adherir los países. Aunque los standards mínimos contienen recomendaciones positivas como la implementación del informe país por país, de medidas para luchar contra los regímenes fiscales perniciosos, y de medidas contra el abuso de los tratados; lo negativo es que han sido extorsionados para implementarlos tanto los países que participaron en la discusión como los que no lo hicieron.

Argentina participó de las discusiones del Plan de Acción BEPS, y de hecho, presentó allí su experiencia en lo que se conoce como el ‘sexto método’, un método de valoración inventado por la Argentina e incorporado a la legislación argentina en 2003, conocido localmente como el 6° párrafo (ya que se incorporó a continuación del 5° párrafo del artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias), aplicable a los casos de exportaciones de commodities realizadas por vía de un intermediario que no tuviera sustancia económica; en cuyo caso debían valorarse las exportaciones utilizando una cotización internacional a la fecha de embarque.

La aplicación de este método en la Argentina ha provisto de claridad y certidumbre a la administración tributaria y también a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque el resto de los métodos de valoración a los fines de la tributación internacional sugeridos por la OCDE desde 1995, y aplicados por la Argentina a partir de 1998, basados en el criterio de la entidad separada y el principio de la libre concurrencia (incorporados por la dictadura a nuestra Ley de Impuesto a las Ganancias), resultan muy complejos en su aplicación ya que se basan en la irrealidad de considerar que las empresas pertenecientes a un conjunto económico deben comportarse como si no le pertenecieran (es decir, como si no pudieran aprovechar las sinergias que motivan que formen parte del mismo grupo económico) para valorar sus operaciones.

Sin embargo, aun cuando lo que surgió tras la discusión del Plan de Acción BEPS del G20/OCDE fue un sexto método desprovisto de fuerza, la AFIP de Echegaray consideraba en su momento que no había ningún motivo para preocuparse, porque dado que no éramos, ni planeábamos ser, un Estado miembro de la OCDE, sus recomendaciones no serían directamente aplicables a la Argentina.

Pero no fue así. Solo por el hecho de haber sido aprobado por la OCDE/ G20, el 6° método de la Acción 10 del Plan de Acción BEPS fue utilizado por asesores fiscales y legales y empresas exportadoras para presionar por la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias en la Argentina. El resultado fue que el gobierno de Mauricio Macri, impulsado por un deseo de complacer a la OCDE (y de pertenecer a la misma) y a todas las partes interesadas, modificó la ley, para hacer del 6° método un recurso aplicable únicamente en caso de que no exista un contrato válido entre las partes, algo que no tiene sentido verificar entre una parte y otra sujeta a ella. (Basta observar el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación a favor de Ericsson, cuando reconoció que un memorándum interno era suficiente para validar un préstamo intragrupo de 12 millones de dólares.)

En cualquier caso, la OCDE hoy se encuentra discutiendo en el contexto de lo que se conoce como el “marco inclusivo” que incluye a 136 países la fiscalidad de la economía digital.

El Plan de Acción BEPS de G20/OCDE había identificado en su Acción 1 algunos de los problemas de la fiscalización de las empresas de la economía digital, y reconoció la existencia de tres alternativas para encararlos, como por ejemplo la aplicación de una retención en la fuente que ha implementado la Argentina. Sin embargo, se entendía en ese momento que era necesario continuar la discusión. Y esta discusión, tanto para los países en desarrollo como para los países centrales, implicaba hablar de cómo cobrar un impuesto en los países fuente, que en este caso podían ser tanto los países del norte como los del sur.

Hablar de estos temas significaba necesariamente hablar de lo que se conoce como el “Nexus” o vínculo de la fiscalidad con una significativa presencia económica, aplicado a la economía digital, y generar consenso entre los países. La OCDE lanza entonces una consulta pública en octubre de 2017 a la que responden muchas organizaciones y países.

En marzo de 2018, la task force de la OCDE publica un informe interino sobre los desafíos de la fiscalidad de la economía digital, que es aprobado en la reunión del G20 que tiene lugar en Buenos Aires, y que presenta los puntos de vista de los distintos países respecto de cuál es el eje del problema, y qué medidas se han tomado para resolverlo. En enero de 2019, el marco inclusivo del G20/OCDE emite un documento sobre cómo encarar los desafíos de la digitalización de la economía. En junio de 2019, el marco inclusivo del G20/OCDE publica un programa de trabajo para desarrollar una solución consensuada para encarar los desafíos de la digitalización de la economía. No entraré aquí en los detalles, pero dicho programa fue seguido por una propuesta realizada por el Secretariado de la OCDE (nótese que no del marco inclusivo ya) el 10 de octubre de 2019, la cual es sujeta a una consulta pública que venció el 12 de noviembre pasado.

Durante todo este proceso, Estados Unidos ha amenazado a aquellos países que decidan optar por medidas unilaterales contra los gigantes digitales; y sigue amenazando con salirse del marco inclusivo de la OCDE si no se acepta su propuesta.

Unos días antes de que se emitiera el documento de política de la OCDE, en enero de 2019, un grupo de países del G24 liderados por la India solicitaron que se considerara una propuesta que incorporara un umbral de sustancial presencia económica en la definición de establecimiento permanente, combinado con tasación unitaria y distribución de la base a través de una fórmula. Es decir, pedían que se considerara a los grupos económicos como lo que son: grupos económicos, y que se dividiera su base tributaria entre los países en base a una fórmula que incluyera ventas, empleados y capital.

La propuesta del G24 no ha sido considerada por el marco inclusivo, entre otras cosas porque lo que surgió como propuesta en octubre 2019 no provino de dicho marco, sino del Secretariado de la OCDE.

Alex Cobham e ICRICT publicaron un estudio el 11 de octubre de 2019 en el que observaban, mediante un análisis que se basó únicamente en datos corporativos de multinacionales norteamericanas, que la propuesta de la OCDE aumentaría la base imponible de los países de la OCDE en 5.000 millones de dólares, y la de los países del G24 en solo 0,7 mil millones; aumentando la inequidad global.

En toda esta discusión la Argentina ha permanecido callada, cuando no apoyando la propuesta de la OCDE, la cual no discutiré en detalle en esta ocasión, pero que se divide en dos pilares, los cuales favorecen a los países exportadores de capital. La propuesta del pilar 2, en particular, puede tener como efecto el prevenir que los países fuente (los importadores de capital) apliquen medidas unilaterales para defender su base imponible. Es decir, podemos perder la posibilidad de cobrarle a las empresas del sector digital la retención en la fuente, o cualquier otra medida que a futuro consideremos posible en relación con el impuesto a las ganancias. Esto es lo que esta en juego en este momento.

Para poder enfrentarnos al sólido bloque de países de la OCDE, “los gobiernos de los países en desarrollo deben hacerse oír en el debate global”, tal como resaltó recientemente Magdalena Sepúlveda. Necesitamos unirnos y trabajar de manera conjunta. Y hoy por hoy, los espacios que nos reúnen son dos: el G24 y el G77. Por lo tanto, es necesario apoyar la propuesta gestada en el marco del G24, y no permanecer indiferentes a ella.

Necesitamos aprender de nuestra propia experiencia. El mantenernos callados durante la discusión del 6° método del Plan de Acción BEPS hizo que avaláramos una propuesta que terminó en la eliminación de nuestra legislación de un método que, tanto a nosotros como a otros países de la región, nos ha permitido aumentar nuestra recaudación. No repitamos el error.

Las guaridas corporativas

Esta nota de mi autoría fue publicada originalmente el 8 de diciembre por El Cohete a la Luna

La semana pasada tuvo lugar en el Centro Cultural de la Cooperación el Congreso “Financiarización y desarrollo en el Sur Global” organizado por SOMO y el CCC, el cual reunió a destacados economistas del sur, y también del norte, para discutir el desarrollo del sur, por primera vez desde el sur.

En la presentación inaugural, Costas Lapavitsas habló de la financiarización subordinada y del problema que significa para los países en desarrollo la fuga de capitales que dicha financiarización subordinada implica, sugiriendo para los países en desarrollo medidas como la de-financiarización, la intervención estatal, rechazar las metas de inflación, la utilización de política fiscal activa, el control de capitales, la utilización de tipos de cambio en banda de flotación, la banca pública y la banca para el desarrollo, reducir la dependencia de los hogares de la deuda, la necesidad de contar con política industrial y de agricultura para el desarrollo.

Sin embargo, un tema que estuvo generalmente ausente fue el de la vinculación de la financiarización con la fiscalidad internacional; excepto en el panel moderado por Pedro Biscay, en el cual Magdalena Rua presentó datos de la fuga de capitales en América Latina; Pritish Behuria habló sobre el problema que representa las Islas Mauricio para la pérdida de recaudación de la India; y Markus Meinzer y quien escribe hablaron sobre el índice de guaridas fiscales corporativas de Tax Justice Network.

Existen múltiples incentivos tributarios para las corporaciones a lo largo y ancho del mundo, y múltiples jurisdicciones que los ofrecen. La intrincada red de países que ofrecen incentivos, y la intrincada red de tratados de doble imposición que los conecta, resulta en la creación de complejas cadenas globales, que son ofrecidas por asesores legales y fiscales a la medida de las necesidades de las multinacionales, y como parte de estrategia de reestructuración para la optimización de impuestos.

Tax Justice Network desarrolló este año un índice de guaridas fiscales corporativas que se basa en cinco criterios que reúnen a 20 indicadores sobre los cuales evaluó a 64 jurisdicciones en función de cómo éstas contribuyen a la carrera a la baja en el impuesto sobre sociedades y absorbiendo los recursos de otras jurisdicciones. Estos indicadores basados en criterios legales fueron ponderados por el flujo de inversión extranjera directa (IED) entrante y saliente; porque no es lo mismo el impacto que tiene una jurisdicción como Montserrat en el mapa mundial, que una como Luxemburgo. En este sentido, basta observar que según datos publicados en un estudio del Fondo Monetario Internacional en 2017, los flujos de IED entrantes en Luxemburgo fueron más de 6000 veces su PBI en 2015.

Uno de los principales de estos 20 indicadores es el que refleja la tasa mínima efectiva disponible en cada jurisdicción. Así, aunque Luxemburgo reporte una tasa del 26%, la realidad es que en los acuerdos vinculantes con corporaciones, revelados tras la investigación por ayuda estatal encubierta realizada por la Comisión Europea, resultó evidente que la tasa mínima efectiva disponible puede en la práctica llegar a menos del 0,3%.

Otro conjunto de indicadores relevantes son los que se refieren a los incentivos tributarios otorgados por cada jurisdicción. CEPAL y Oxfam publicaron este año un estudio sobre los incentivos fiscales corporativos en América Latina realizado por Andrea Podestá, el cual lanzaron en un taller sobre incentivos tributarios desarrollado en Antigua, Guatemala. Los incentivos tributarios pueden tener beneficios sociales, si son medibles y a partir de su medición podemos observar que aumentó el empleo, la producción, los beneficios, los ingresos o algún parámetro que se quiera desarrollar. Sin embargo, también tienen peligrosas consecuencias como la pérdida de recaudación, la mayor complejidad del sistema tributario, el incremento de costos de administración y cumplimiento, la menor transparencia de la política fiscal, la distorsión a la asignación de recursos, la competencia fiscal nociva entre jurisdicciones.

En América Latina y el Caribe, uno de los incentivos tributarios  más utilizados son las zonas económicas especiales, que en ocasiones tienen un carácter permanente, como el observado en Tierra del Fuego.

La elección del tipo de incentivo, por ejemplo, sobre ingresos o sobre costos; su duración en el tiempo; y los parámetros sobre los cuales se evalúa su eficacia, son conceptos que hacen a la diferencia.

En octubre de 2017, Paraguay aprobó una nueva legislación, la Ley 5895/2017 para la conversión de las acciones al portador por nominativas en un plazo de dos años. Sin embargo, dicha ley tenía algunos problemas en su diagramación, entre ellos porque suspendía los derechos económicos, sin eliminarlos. Es decir, una vez que la conversión se realizara, aun pasado el plazo de dos años, era posible que los derechos se recuperaran de manera completa. La ley además exceptuaba de todo tributo a quienes efectuaran la conversión de las acciones. Hacia octubre 2019, quedaban 11.500 entidades en Paraguay con acciones al portador que no habían hecho la conversión por nominativas. Resulta evidente que el incentivo tributario no logró su objetivo, o que las acciones al portador tienen un atractivo mayor para algunos que la potencial menor carga impositiva. Era necesario hacer la ley más efectiva en su diseño, y no crear un incentivo tributario.

Tampoco está de más observar de la administración tributaria mexicana, como lo hizo en Guatemala María Eugenia Romero Torres, que la mayor parte de los beneficios en relación con el impuesto a la renta de las personas físicas,  los toma la población masculina y que el 20% de la población, los deciles más altos, se llevan mayoritariamente el beneficio.

Por otra parte, una reciente investigación realizada por Fair Tax sobre los impuestos pagados por las “Silicon 6” (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y Microsoft),  concluye que han eludido impuestos por cerca de 100.000 millones de dólares entre 2010 y 2019, gracias a la utilización de guaridas fiscales como Bermuda, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos. Parece entonces que los incentivos tributarios tampoco sirven para reducir la elusión y evasión de impuestos en un sector que cuenta con tantas oportunidades para ello como lo es el de la economía digitalizada.

Otro tipo de incentivo tributario típicamente utilizado en países europeos como Andorra, Bélgica, Chipre, Portugal, Malta, Luxemburgo, Liechtenstein y Países Bajos, pero que también se ha extendido a países como Aruba, Botsuana, Seychelles, Islas Mauricio, el Líbano y Singapur, según observa Tax Justice Network, son las llamadas cajas de patentes, denominadas así por consistir en cajas de seguridad vacías para la localización de contratos de patente y exenciones a los ingresos generados por las mismas, sin ninguna vinculación con una actividad real, llámese desarrollo efectivo de investigación y desarrollo en estas jurisdicciones.

Parte de los interrogantes que algunos economistas plantearon en el congreso de financiarización fue sobre la pertinencia o no de considerar los pagos de regalías en las mediciones de flujos financieros.

En 2015, el PBI de Irlanda aumentó en un 26,3%. ¿Irlanda se convirtió en China? ¿Es el nuevo centro productor mundial? ¿Volvieron al país todos los emigrantes que durante años se fueron de la isla para buscar trabajo en Australia o Estados Unidos? No, no fue eso lo que pasó. Tal y como lo informó nada menos que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), tal incremento en el PBI se debió a la localización de la propiedad intelectual motivada por los incentivos tributarios corporativos ofrecidos por dicho país. Ello llevó a que a partir de entonces, las regalías por el uso de las patentes localizadas ahora en dicho país comenzaron a recibir ingresos de todo el mundo. ¿Ha significado ello un aumento en algún factor real de la economía? No. Los ingresos que llegan no generan empleo ni pagan impuestos. Son puramente contables.

Es por ello que hasta la última dictadura argentina, la ley de impuesto a las ganancias, la ley de radicación de capitales extranjeros y la ley de transferencia de tecnología, consideraban que, hacia el interior de un conjunto económico, los pagos en concepto de regalías debían ser considerados dividendos, no ser deducibles y quedar sujetos a las mismas restricciones respecto a su  movilidad. Teniendo la información sobre las posibilidades que brindan algunas jurisdicciones para localizar empresas de papel para desviar los flujos en concepto de pagos de regalías de todo el mundo hacia ellas, quizá quede más claro cuál es la efectiva utilización que se hace de dichos pagos de regalías en la práctica.

Mañana y pasado, 9 y 10 de diciembre, los países del sur discutirán alternativas sobre la fiscalidad de la economía digital y de las empresas extractivas y el rol de las guaridas fiscales, entre otros temas, en el foro de cooperación tributaria organizado por el South Centre y el gobierno de la India en Nueva Delhi. No será ajeno a este debate aquel que está teniendo lugar en el marco inclusivo del G20/ OCDE respecto de la fiscalidad de las empresas digitales, y la propuesta que la India y el G24 han realizado para la distribución de la base imponible teniendo en cuenta el hecho innegable de que las empresas transnacionales deben ser consideradas en su conjunto. La discusión sobre la tasación unitaria se basa en similares argumentos a los del criterio de la realidad económica, que tuvo fuerza en nuestra legislación hasta 1976. Sin embargo, los matices pueden ser diferentes. De allí la relevancia de tener estas discusiones en el sur global.

Penalidade máxima: a sonegação no futebol: É Da Sua Conta #7